Todo intento de cambio de régimen de un ejecutivo con apoyo parlamentario apunta primero al control del poder judicial y la prensa. Las actuaciones de Sánchez en relación a la Justicia y las medidas anunciadas sobre las ”fake news”, preocupan en ese sentido. La cuestión se agrava si añadimos que el gobierno y sus socios controlan la Mesa del Congreso (esto por exclusiva culpa de un centro derecha peleado) y que Sánchez se ha plegado a hablar con Torra, el presidente catalán inhabilitado por la Justicia que acaba de ser ratificado diputado en el Parlament con el aval del despreciable PS catalán. En realidad, estábamos avisados: había que desjudicializar la política, es decir, crear espacios de impunidad.El nombramiento de la ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general choca con el principio de independencia judicial, si bien antes ya había ocurrido un hecho en esa dirección: el sometimiento de la Abogacía del Estado. Es verdad que se deben dar días para enjuiciar a un nuevo cargo. Pero aquí estamos ante una trayectoria muy reciente de poco mimo con la separación de poderes, de favores al separatismo (aliados de Sánchez), y de algunos episodios indecorosos. Delgado ya apareció con el ministro Bermejo en aquella cacería junto al entonces juez Garzón, en plena “operación Gurtel”. En otro momento, Garzón la llevó a una cena con Villarejo en la que hubo copas y risas. Aquel día Delgado llamó “maricón” al que luego sería su compañero de gobierno, Marlaska, dijo que si tuviera que ser juzgada prefería un hombre (“tías, no quiero”), y rió las gracias de Villarejo cuando contó que tenía una red de prostitución para sacar “información vaginal”. Por cierto, ni entonces ni ahora he oído criticar a Delgado a ninguna femiprogre gaditana, ni del resto del país.
Delgado ha sido reprobada tres veces, una por mentir sobre Villarejo, otra por dejar tirado al juez Llarenas frente a los separatistas y la última por purgar a un abogado del estado que pedía una pena más firme para los golpistas. Con estos antecedentes es muy difícil no pensar que está puesta ahí para aguar las acusaciones contra los separatistas y así ayudar a la permanencia de Sánchez.
Lo malo es que nos jugamos la independencia del poder judicial y el imperio de la ley como garantías de igualdad y libertad de los ciudadanos.