Algunas reflexiones
Fernando Santiago Muñoz | 20 de noviembre de 2019
No he leído la sentencia y me malicio yo que salvo los abogados defensores nadie se la va a leer aunque políticos y tertulianos hablan con una ligereza asombrosa. Son 1.700 folios y hay muchas otras cosas que leer más interesantes y divertidas. Sí he leído el fallo, un resumen y algunos comentarios de personas que han opinado al respecto, periodistas y políticos sobre todo. Quisiera decir en primer lugar, por circunscribirnos al ámbito local, que no es cierto que se hayan robado 680 millones de euros como dijo el alcalde, que tampoco se ha leído la sentencia. Puso ese comentario minutos después de comunicarse por lo que es imposible que se haya leído ni el fallo siquiera. Un ejercicio de frivolidad impropio de un dirigente político. Se han despilfarrado, malversado , 680 millones (por cierto, no mil como decían algunos). Si el alcalde de verdad cree que se han robado 680 millones lo que debe hacer es promover en su partido (no tiene que irse muy lejos) que se devuelva hasta el último euro. Entonces nos encontraríamos en la situación de que 6.000 prejubilados tendrían que devolver lo que han cobrado en estos años, algunos de ellos vecinos de esta ciudad (¡Delphi!). Debería reunirse con ellos y decirles directamente que tienen que devolver ese dinero. No basta con reunirse con aquellos a los que se les muestra solidaridad. Los dirigentes del PP y de Ciudadanos que gobiernan Andalucía pueden proceder a recuperar el dinero, llamando a las puertas de los 6.000 prejubilados, por ejemplo. Nos íbamos a reír mucho.
Lo que yo creo y conozco del sistema:
1.Surge en esa idea del PSOE de Andaucía de promover la paz social. Para evitar los conflictos se buscó la manera de ayudar a los trabajadores de empresas en crisis con este sistema de los expedientes de regulación de empleo que permitían pagarles una cantidad de dinero hasta el día de su jubilación. El mecanismo era a través de las llamadas “pólizas de renta” que pusieron en marcha algunas aseguradoras. Eso venía a costar al año entre 70 y 80 millones. A este mecanismo se acogieron algunas empresas por toda Andalucía.
2. A partir de ahí se fomenta una red clientelar del PSOE de Andalucía que busca no solo la paz social sino asegurar mayorías electorales para el PSOE y en algún caso mayorías internas en agrupaciones socialistas dentro de las luchas sectarias en el seno del PSOE. En realidad casi todos los partidos montan sus redes clientelares, siempre con dinero público. En este caso es que fue a lo grande.
3. Robo. Ninguno de los dirigentes socialistas ahora condenados se ha llevado dinero para sí mismo ni ha promovido ingresos para el PSOE. Han sido condenados por prevaricación y malversación, este último delito tiene pena de cárcel. Cuando se juzguen otras piezas separadas veremos a los que se han enriquecido: bufetes de abogados, compañías de seguros, corredurías de seguros, conseguidores. Luego está el tema de los intrusos, 140 de 6.000. Un descaro muy grande por donde se colaron amgios y familiares. Estos sí deberían devolver lo cobrado indebidamente cuando termine de señalarlos la justicia. Cuando Griñán y Chaves estaban aforados el Supremo tramitó la causa y descartó la malversación. Ya veremos cuando los recursos lleguen al alto tribunal.
4. Se montó un sistema que evadía el control y la fiscalización del dinero público de manera inaceptable. Esperemos que haya ahora instrumentos legales que impidan en el futuro una cosa así.
5. Si Chaves y Griñán sabían cómo se estaba gastando el dinero público y no hicieron nada merecen la condena moral, penal y política. Si no lo sabían merecen la condena política porque bajo su responsabilidad se cometieron todas estas tropelías.
6. Hay tres frases desgraciadas que han marcado todo este proceso: la de Javier Guerrero del fondo de reptiles, la del chófer de Javier Guerrero diciendo que compraba cocaína con ese dinero, y la del conseguidor Juan Lanza diciendo que había billetes para asar una vaca. Hablan por sí mismas y por quien lo dijo y lo practicó.
7. En mi modesta opinión lo de la Gurtel es mucho peor porque además de despilfarrarse el dinero público hubo un beneficio para el PP y para determinados dirigentes de ese partido. Creo que es mucho peor. Ya veremos cuando haya sentencias en los casos Púnica y Lezo. No sirve que cada partido se lance a la cara del otro sus casos de corrupción, son repugnantes y ya está. Tenemos que salir de este fango cuanto antes. El PP tiene también en Andalucía sus Guerreros y sus Lanzas, por cierto. Tiempo al tiempo.
8. Me permiten una reflexión íntima: lamento la situación de cinco personas a las que conozco y aprecio Manolo Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández y Agustín Barberá. No me gusta ver cómo sufren. Por mucha condena que hayan tenido y que pueda ser ratificada por el Supremo no puede remediar sentir pena por ellos. Siento la contradicción.
EDITORIAL
El caso de los ERE
Toda corrupción es sancionable porque debilita a las instituciones
EL PAÍS
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó este martes una contundente sentencia sobre el caso de los ERE, por desviación ilegal de fondos de la Junta andaluza para las empresas en crisis hacia otros destinos o creando un sistema heterodoxo de agilización de pagos que vulneraba el procedimiento establecido y esquivaba los controles económicos y de la Intervención.
El fallo del tribunal llega tras siete años de investigación sobre la actuación, durante 10 años, de distintos cargos autonómicos. Una procelosa tramitación de gran impacto mediático y también de gran impacto político. No en vano han sido condenados en esta instancia provincial 19 antiguos altos cargos de la Junta, incluidos dos expresidentes, exconsejeros, viceconsejeros y directores generales. Las condenas más significativas oscilan entre seis años de cárcel para el expresidente José Antonio Griñán (por delitos de prevaricación y malversación) y nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves (por prevaricación).
Prevaricar es dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son; malversar, destinar recursos públicos a objetivos distintos de los previstos legalmente. Ambas conductas son delitos de corrupción; ya en la toma de decisiones de forma ilegal; ya en el manejo torcido de caudales públicos, y/o contrariando los debidos controles.
Ciertamente, no es lo mismo malversar enriqueciéndose personalmente o beneficiando al propio partido al que pertenece el reo que dilapidar sin control el dinero del contribuyente siendo consciente de ello, o crear mecanismos orientados a facilitar el fraude. Todas esas formas de corrupción merecen el más enérgico rechazo social porque merman la credibilidad de las instituciones y difuminan la obligación de usar con pulcritud los recursos que les aportan los contribuyentes. Pero cada forma de corrupción es diferente, a cada una le corresponde un trato distinto y esa es la tarea que corresponde desempeñar a los tribunales de justicia, cuyas sentencias, cuando alcanzan firmeza en las instancias superiores, no pueden sino ser acatadas.
En este caso, conviene recordar que los dirigentes condenados abandonaron la vida y la militancia políticas hace muchos años; que no se les condena por llevarse dinero público a sus bolsillos ni para financiar a su partido. La Audiencia no ha condenado unas siglas políticas, sino unas conductas y redes clientelares.
La virtualidad de esta sentencia es la de constituir un aldabonazo en favor de una correcta gestión de los recursos públicos. Otra cosa es que las concretas imputaciones sean inapelables: todo indica que será el Tribunal Supremo el que acabará dirimiéndolas. Y un punto clave será si comparte o rechaza el criterio sobre malversación del tribunal de Sevilla, más rigorista que el suyo, pues exoneró a consejeros catalanes que aun conociendo el diseño y prestando su apoyo a destinar caudales a un fin ilícito, no dispusieron personal y directamente de esos gastos.
Mientras no haya sentencia firme incumbe a todos cumplimentar la presunción de inocencia de los condenados en primera instancia; celebrar que la resolución alerte sobre el necesario control reglado del gasto público; y respetar, siempre, la independencia de los tribunales.