La temida declaración de la República catalana por parte del gobierno de la Generalidad no se produjo en sede parlamentaria. La intervención del rey, la masiva manifestación a favor de la unidad constitucional de Barcelona, la salida de empresas y bancos de Cataluña y la llamada del Presidente del Consejo europeo Donald Tusk a Puigdemont para que no hiciera algo irreversible, han sido determinantes. El movimiento independentista, por primera vez en todo este tiempo, terminó desmoralizado y dividido.
En realidad, el gobierno de Puigdemont decidió aplazar el conflicto y volver al chalaneo. Era la única bala que le quedaba. Hizo una especie de declaración de independencia para luego suspenderla. Firmaron un documento simbólico, fuera del Parlamento, en el que se comprometían a declarar la República catalana. ¿Qué pretendían? Si la Generalidad hubiese hecho una declaración de independencia por derecho, la intervención contundente del estado español hubiese estado más que justificada ante la opinión pública del mundo entero. Con la artimaña del “ahora sí pero no” pretendían tiempo para afianzar la simpatía internacional y victimizar su causa ante una posible actuación sobrepasada de Rajoy, la cual también les daría el apoyo de los catalanes más ingenuos.
El Gobierno por su parte no cayó en la trampa e instó a Puigdemont a que respondiera si se ha declarado la independencia o no, como paso previo a la activación del 155, con el acuerdo explícito de Rivera y del principal partido de la oposición, el PSOE (parece que Rajoy ha claudicado en la reivindicación socialista de acometer una confusa e inoportuna, por concesiva, reforma constitucional). No sé lo que estará ocurriendo a la hora que lean esta columna, porque pasan muchas cosas a cada momento, pero me da que Puigdemont no va a responder claramente, en la línea de volver a la deliberada retórica comercial del catalán de siempre, hasta hace poco nada partidario del todo o nada.
Llegados a este punto confluyen varias opciones en el seno del constitucionalismo. La que sigue a Rajoy y opina que justo ahora no está obligado a tomar medidas drásticas ante la evidente marcha atrás de Puigdemont, la que lo apoya a cambio de rédito político (Sánchez), y la cada vez más numerosa de hacer algo contundente. No será fácil.