En estos días ha surgido la noticia de la existencia de nuevos okupas en Cádiz. La cuestión es delicada y se presta a demagogia, porque ¿quién no siente compasión por unas personas sin hogar? Pero lo que tampoco se debe es apoyar un mal entendido derecho a la vivienda que lesiona a terceros, como ha hecho una asociación de larga trayectoria antisistema, por ciento en medio del silencio generalizado. Hoy, el predominio del consenso socialdemócrata ha manipulado las necesidades sociales básicas hasta conseguir extender la idea de un nuevo derecho a la vivienda. Veamos. Los auténticos derechos humanos clásicos tienen que ver con la libertad: los de reunión, asociación, expresión, propiedad, etc. Todos ellos se caracterizan porque no necesitan grandes burocracias estatales para garantizarlos, ni asociaciones subvencionadas para apoyarlos. Sin embargo, el nuevo derecho a la vivienda parece conllevar que en ciertas circunstancias una persona tiene derecho a tener una vivienda y a no pagarla, o a pagar menos (de protección oficial). Pero si alguien recibe una vivienda y no la paga entonces otros van a tener que pagar por ella, o la casa no será construida. ¿Quién? El estado, con nuestros impuestos. Un estado necesariamente gigantesco, caro, con un amplio aparato coercitivo, legislativo y burocrático que nos obligue a pagar. Lo que comporta una dinámica política perversa que nos incita a votar al partido que más “derechos” ofrezca, sin advertir que lo hacen con nuestro dinero, dinero que en nuestro bolsillo serviría para elegir libremente, para dinamizar la economía y para no depender del estado. Porque al dejar el cumplimiento del nuevo derecho a la vivienda en manos del estado, será este el que determinará quién y en qué circunstancias se recibirá tal vivienda. Resultado, todo el mundo está sometido al poder estatal, que es el que reparte de manera discrecional esos derechos. El mismo razonamiento vale para los otros nuevos derechos sociales, la salud, las pensiones, etc., como han demostrado varios Premios Nobel. El colmo ahora es que para el neocomunismo ejercer ese nuevo derecho legitima la ocupación de viviendas ajenas. Si alguien quiere ser de verdad solidario con los necesitados debería ofrecer su propia casa, y no la de otro.
