Recientemente aparecía la noticia de que en 2014 se celebraron nada menos que 1817 manifestaciones y concentraciones en la provincia de Cádiz, 390 más que en 2013. A pesar de estas cifras, apuesto a que se seguirá oyendo que a Cádiz le falta más “combatividad” para solucionar sus problemas. Claro, vivimos en un sistema de consenso socialdemócrata que hace de cada necesidad un derecho, y que incentiva a arrancar concesiones al estado. Desde luego manifestarse es un derecho constitucional. Sin embargo creo que en España su ejercicio se atasca en la forma y en el fondo. Formalmente por ejemplo, en los países anglosajones, las concentraciones se suelen hacer en plazas por donde no circula el tráfico, a veces en silencio y con carteles personales. Cuánta diferencia con el poco respeto que aquí se tiene a los bienes materiales pagados por todos y a los derechos de terceros a circular libremente. Más preocupante resulta el fondo de la cuestión. Veamos. En general, todas estas manifestaciones pretenden percibir ventajas particulares, siempre en nombre de la importancia “estratégica” del sector o de un supuesto derecho que debe otorgar el estado. Pero en no pocos casos para satisfacer estas reivindicaciones, el estado tendría que restringir la libertad de otros. Un ejemplo. Si la Plataforma de Ada Colau consiguiera que se prohibieran los desahucios, se estaría conculcando el derecho de los bancos a percibir unas rentas pactadas libremente; unas rentas que les permiten seguir manteniendo los miles de empleos bancarios, los ahorros de los trabajadores, y los créditos a las empresas. Pero además, si no se respetan los contratos libres, ¿qué banco volvería a conceder más hipotecas a las familias? Normalmente las ventajas particulares exigidas por estos manifestantes lo son en forma de subvenciones, servicios, mercados cautivos, o más empleo público. Es decir, más burocracia, más políticos (¿pero no estábamos hartos de los políticos?), y más dinero….de los demás. En efecto, independientemente de que es imposible señalar dónde está el límite a tanto derecho, la realidad es que todo eso lo tendrán que pagar terceras personas con sus impuestos, las cuales verán cercenado su derecho a percibir todo el fruto de su trabajo. Eso, o volver al camino zapatérico de la deuda.
