“El poder es la justicia”, por Ignacio Camacho

El indulto a Juana Rivas asienta la doctrina de la sumisión del Derecho y los tribunales a la hegemonía

AJuana Rivas la metieron en un grave lío ciertas profesionales del feminismo a las que acudió en busca de consejo para resolver el litigio de custodia que mantenía con su exmarido. Sin ser letrada ni poseer título específico, una asesora del centro de atención a las mujeres de su pueblo granadino la amparó, si no la inspiró, en la idea de retener a sus hijos, impulsándola así a un delito castigado con treinta y seis meses de condena por un Tribunal Supremo impermeable al ruido político. La justicia de ‘tricoteuses’, con toda su alharaca populista, la convirtió en una víctima. Lo era, en efecto, pero de su ingenuidad o mal tino para confiar en quien no debía y adoptar

 una decisión extrema creyéndose por razón de su género a salvo de cualquier consecuencia jurídica. El indulto parcial decretado ayer por el Gobierno se podría entender benévolamente como una medida fundada en la intención de proteger a los menores y evitar daños suplementarios a la familia si no fuese por dos circunstancias añadidas: la manifiesta presión del activismo feminista, a la que se han sumado algunas ministras, y la innecesaria coletilla sobre la «pena excesiva».

Esta última representa una clara -y reiterada- desautorización del Supremo, al que el Ejecutivo acusa sin disimulo de desproporción de criterio. Llueve sobre mojado porque la Sala, al igual que sucedió con los líderes del ‘procés’, se había opuesto de forma unánime a la gracia total y se había dividido respecto al perdón incompleto. La consulta es preceptiva aunque no vinculante y el Gobierno podía ignorarla, pero el reproche a la dureza del fallo no corresponde a su función ni hacía ninguna falta. Lo que subyace en esa frase es una descalificación sesgada de la facultad de los jueces para interpretar las leyes y una palmaria desconfianza en el principio de separación de poderes. Un conflicto más grave de lo que parece dado que hay precedentes de la proclividad sanchista a corregir veredictos desfavorables a sus intereses.

El Consejo de Ministros podía haberse conformado con alegar motivos humanitarios basados en el bien mayor de los niños, a los que por cierto su madre mantuvo sin escolarizar y escondidos. Sin embargo, como el caso -un secuestro de manual- había derivado en una cuestión dogmática para la izquierda, se ha sentido obligado a introducir un juicio de valor con el que complacer a su clientela, expresar su desacuerdo con la sentencia y arrogarse el privilegio soberano de formularle una enmienda. De paso les repite a los togados, por si continúan sin enterarse, el mensaje enviado a propósito de los independentistas catalanes: la autonomía de los tribunales termina donde colisiona con la voluntad de Sánchez. Rivas es sólo el pretexto para sentar doctrina sobre el más insigne avance ideológico de la era progresista: la sumisión del Derecho a la hegemonía de la acción política.

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