El tribunal popular de La Gobierna es a la vez tribunal de casación y de reconvención a los jueces que no aplican la perspectiva de género
En su guerra contra la gramática y la justicia, el soviet de ministros aplicó este martes lo que no debemos llamar indulto sino, con perspectiva de género, indulta a Juana Rivas, repetidamente condenada por secuestrar a sus hijos y sustraerlos a la custodia del padre y a la escolarización, dato que sin duda ha favorecido el cariñoso trato a la delincuente. Sólo hay algo que gusta más a la manada roja que jorobar a un hombre: no educar a un niño.
Juana Rivas ha disfrutado del habitual trato de favor que la izquierda reserva a sus heroínas, por despreciable que sea su conducta. Pero no sólo la izquierda se conjuró en favor de la condenada en todas las instancias. Junto a Susana Díaz, Carmen Calvo, las Paquis y demás, que se reían de la Guardia Civil que, por orden del juez, buscaban a los niños secuestrados, poniendo en la puerta de sus casas el cartelito “Juana vive aquí”, Mariano Rajoy, Albert Rivera y los partidos que entonces acaudillaban hicieron lo mismo. Es natural. PP y Ciudadanos respaldaron y respaldan la infame y anticonstitucional Ley de Violencia de Género, y sus incontables fechorías.
No es la menor que el sector más lerdo del soviet (consejo, en ruso) de ministros se lance tras el indulto a injuriar a los jueces. Irene Montero volvió este martes a llamar maltratador a Francesco Arcuri, padre de los dos niños secuestrados, sosteniendo lo que los jueces españoles e italianos niegan: que Juana evitaba que fueran maltratados. El tribunal popular de La Gobierna es a la vez tribunal de casación y de reconvención a los jueces que no aplican la perspectiva de género. Es decir, que a Juan y a Juana se les debe juzgar y luego absolver o condenar de forma distinta por el mismo delito. Juan Rivas habría sido severamente condenado por secuestrar a sus hijos. Juana Rivas tiene a su favor una ley atroz y a una justicia que jamás debió admitir como constitucional semejante aberración.
Porque la Constitución dice en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
¡Igualdad ante la Ley! ¡Qué barbaridad! Menos mal que las indultas remedian este estropicio. La manada de Moncloa, previo desescombro del Supremo, ha deshecho la sentencia. Se ha hecho justicia. Y sin leyes, que tiene más mérito.