Las elecciones de febrero de 1936 tuvieron una importancia decisiva en el desarrollo de la Historia de España. Dado que sus resultados no fueron publicados nunca y que poco después el país evolucionó hacia su peor tragedia, la Guerra Civil, su tratamiento ha sido un asunto muy controvertido desde el punto de vista de la historiografía.
En el año 1971, Javier Tusell elaboró lo que se considera el estudio de mayor rigor sobre Las elecciones del Frente Popular, hasta la aparición del libro que hoy reseñamos. Ya en el prólogo, Seco Serrano recuerda la violencia de la campaña, y el Propio Tusell le dedica un capítulo al fraude electoral. Antes del estudio del equipo de Tusell, ya se habían producido algunos precedentes al respecto. El régimen franquista, desde un puesto de vista partidista, y para demostrar la legitimidad de la insurrección de 1936, había realizado un famoso informe titulado Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936 (Madrid, Ministerio de Gobernación, 1939). Y en el plano historiográfico, probablemente el primer estudio falto de sectarismo que trató las irregularidades de aquellas elecciones fue obra del hispanista francés Jean Bécarud (La Segunda República Española, Madrid, Taurus, 1967, capítulo 5). Aunque, por su parte, Hugh Thomas también se refirió a algunos aspectos del fraude electoral en La Guerra Civil española, edición de 1976. Todos estos estudios tuvieron las limitaciones de fuentes propias del contexto de la dictadura franquista. No es el caso de este primer estudio exhaustivo y riguroso del libro que nos ocupa, realizado en base a la investigación de todas las fuentes disponibles.
La mención más conocida respecto a las adulteraciones electorales de 1936 la hizo ya en aquellos días el presidente de la República Alcalá Zamora. Hasta 1977 no se publicaron unos recuerdos que en realidad fueron reescritos posteriormente, debido al robo de las verdaderas Memorias a principios de la Guerra Civil. En ellos se habla de las irregularidades y violencias ejercidas en el recuento de los votos, algo que volvió a ser ratificado cuando se publicaron esas Memorias recuperadas bajo el título de Asalto a la República (Madrid, 2011). En ellas Alcalá Zamora se manifiesta varias veces sobre los “abusos, falsedades y coacciones” que resucitan a candidatos derrotados de la izquierda (pags 205, 225, 231, etc.).
De partida, todos los historiadores admiten que la diferencia en el resultado final de votos entre izquierdas y derechas no fue superior al 1% , aunque hay que recordar que el sistema electoral imperante premiaba de forma contundente al partido ganador. Por eso era tan importante esa parte del proceso, el recuento oficial, además de esa segunda vuelta electoral en los distritos que faltaban, por cierto, todos de carácter conservador.
El contexto político en el que se desarrollaron las elecciones fue el resultado de la situación de polarización, violencia y exclusivismo del adversario, propios del segundo bienio republicano. Al estudio de ese clima de violencia dedican Álvarez Tardío y Villa el primer capítulo de su libro, especialmente a la violencia que trajo la insurrección socialista de 1934, una acción dicen nuestros autores, que nada debía extrañar en el PSOE de entonces, dada su retórica y comportamiento de esos meses. En realidad, dicen Tardío y Villa, lo decisivo para entender la polarización posterior fue que los republicanos de izquierdas no condenaran rotundamente esa insurrección escudándose en que los lerrouxistas habían permitido la llegada de los enemigos de la República al Gobierno. Lejos del arrepentimiento y la autocrítica de ese comportamiento violento por parte de la izquierda, el extremismo continuó en las elecciones de febrero de 1936, hasta el punto que fueron concebidas por las izquierdas como la posibilidad de la victoria que no pudieron conseguir en octubre de 1934.
En ese contexto de violencia, los autores explican la formación del Frente Popular, compuesto por los mismos partidos que se habían levantado contra la República unos meses antes, y después analizan la campaña más virulenta de la Historia española, con 41 muertos en incidentes, la inmensa mayoría iniciados por simpatizantes o militantes de la izquierda.
La parte más importante del libro estudia el proceso electoral del 16 al 20 de febrero, fecha del escrutinio. Si bien la jornada electoral del 16 de febrero fue pacífica -hay que decir que gracias a la contundente vigilancia de las fuerzas del orden- sí que hubo motines izquierdistas, algunos choques entre activistas y rupturas de urnas. Pero donde de verdad se producen las irregularidades y el fraude es en el recuento. Hasta ahora se pensaba que durante esos días había habido la lógica alegría de la celebración electoral por parte de las izquierdas. Este trabajo lo que descubre pormenorizadamente son las presiones callejeras, los motines urbanos y las coacciones izquierdistas que obligaron a la dimisión gubernamental, al nombramiento apresurado de Azaña como Presidente y de las nuevas autoridades frentepopulistas, y a la postre, al fraude. El libro estudia también el ambiente de intimidación izquierdista en la segunda vuelta de las elecciones del 1 de marzo, la actuación irregular de la Comisión de Actas y la arbitrariedad y violencia contra las derechas en las nuevas elecciones en Cuenca y Granada el 3 de marzo.
En efecto, tras el anuncio de la victoria del Frente Popular en las grandes ciudades, los motines y revueltas izquierdistas originaron la espantada del Presidente encargado de las elecciones, Portela Valladares, y su sustitución por Azaña, quien puso al frente de los gobiernos provinciales a miembros del Frente Popular que fueron los encargados de culminar el proceso electoral. Pues bien, algunos de estos gobernadores falsificaron los resultados, como los de La Coruña y Cáceres y otros, ya mencionados por Alcalá Zamora en sus Memorias. La segunda vuelta se celebró en medio de alteraciones del orden producidas por los amnistiados de la insurrección del 34 y la toma ilegal de muchos ayuntamientos. Después tuvo lugar la actuación coactiva e ilegal de la Comisión de Actas en el sentido de quitar escaños legítimos a conservadores y otorgárselos a los frentepopulistas. Y por fin la arbitrariedad y violencia ejercida contra las derechas en las nuevas elecciones de Cuenca y Granada, las cuales prácticamente desaparecen de la escena política. Todo ello hace cuantificar a los autores del libro en unos 50 escaños ilegales para el Frente Popular en todo el proceso. Esto convirtió un virtual empate entre izquierdas y derechas en una victoria aplastante para las primeras. Lo que Alcalá Zamora había dicho en sus memorias, quedaba ratificado en este estudio.
Ha habido algunas objeciones a las tesis de este trabajo. Por ejemplo la de Enrique Moradiellos, que publica un artículo on line en Revista de Libros, en el que en resumen admite que hubo violencia y que puede que entre 35 y 40 escaños fueran a manos del Frente Popular de manera fraudulenta, pero eso, según Moradiellos, no fue tan decisivo como para invalidar la “limpia” victoria del Frente Popular, ni puede justificar el 18 de julio. Esto último no lo pretende este estudio, tal como lo manifiestan sus propios autores, que se limitan al estudio exhaustivo de las fuentes. Tampoco Eduardo Ros en su estudio sobre Las elecciones del Frente Popular (disponible en Internet) admite fraude electora generalizado a favor de la izquierda. Más bien dice que mientras se produjo el primer recuento estaba de presidente Portela, y por tanto el fraude, en todo caso, se inclinó a la derecha. Admite en cambio fraudes favorables a la izquierda en provincias concretas. Dice que el resultado después del recuento y de la Comisión de Actas no hubiese variado mucho de los resultados finales que se han venido publicando, pero sobre todo afirma que el vuelco de 50 diputados a favor de la izquierda es inverosímil. Llega a afirmar que el asunto del fraude electoral de 1936 fue un ardid del Presidente Alcalá Zamora para ensuciar las elecciones porque sabía que iba a ser destituido y de esa forma podría conseguir la nulidad de las mismas.
Una parte de la historiografía llamada progresista ha preferido el silencio, eludir el debate sobre este decisivo libro, algo habitual en el sector cuando se trata de afrontar la destrucción de mitos muy enraizados en su imaginario. A algún otro, como al socialista Santos Juliá, le es más fácil la descalificación y el asociar estos trabajos a “la derecha más rancia”, que hacer frente a un trabajo tan riguroso. De hecho, su reseña de El País al respecto, adolece de errores imperdonables.
El trabajo de Álvarez Tardío y Villa está redactado de manera objetiva y sobria, sin asomo de provocación y aportando una documentación amplia y demoledora.