21/02/2026 Actualizado a las 07:52h.
Manuel Pimentel y Valeriano Gómez, exministros de Trabajo del PP y del PSOE respectivamente, reconocieron hace unos días en público lo que ningún político en activo se atreve a verbalizar: que el sistema público de pensiones español solo podrá sostenerse a costa de trabajar más años y de empeorar las condiciones de jubilación. Lo hicieron durante una jornada sobre planificación financiera organizada por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, en un arrebato de sinceridad tardía que ojalá hubiese llegado mucho antes.
Conviene recordar que el llamado Pacto de Toledo se concibió, al menos oficialmente, como un acuerdo entre PP y PSOE para no utilizar las pensiones como arma electoral. En la práctica, sin embargo, ese pacto operaba como un compromiso de autocensura bipartidista: ninguno de los dos partidos que habían diseñado y rediseñado el sistema de reparto iba a denunciar públicamente su insostenibilidad financiera. La lógica era obvia (y perversa): si ambos son corresponsables de las deficiencias estructurales del sistema, ninguno tiene incentivos a señalarlas, porque hacerlo equivaldría a reconocer su propia negligencia. Ahora bien, ese pacto vincula a los políticos en activo, no a los que ya han abandonado el cargo. Y es precisamente desde fuera del poder desde donde Pimentel y Gómez han decidido entreabrir la puerta de la verdad.
Las confesiones son elocuentes. Valeriano Gómez admite que el sistema es sostenible, sí, pero únicamente con esfuerzos adicionales, un eufemismo para referirse a más años de cotización y a prestaciones futuras relativamente menores. Él mismo, como ministro, ya elevó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y ahora advierte de que habrá que seguir subiéndola. Manuel Pimentel, por su parte, no se queda atrás: admite que las pensiones más altas van a terminar «muy damnificadas» y que la edad de retiro seguirá aumentando. De hecho, el ex ministro del PP fue el que más claramente expuso las razones últimas detrás de tales ajustes: «Con nuestros votos, los ‘boomers’ no vamos a permitir que nos bajen las pensiones». Es decir, que la generación del ‘baby boom’ tiene el peso electoral suficiente como para transferir el coste del ajuste a las generaciones más jóvenes en forma de mayores impuestos y cotizaciones. Y están dispuestos a hacerlo.
Lo más grave de este asunto, sin embargo, no es que el sistema de pensiones requiera de recortes; eso, a estas alturas, es algo conocido y reconocido por todos los economistas que hayan estudiado su (in)sostenibilidad financiera. No, lo verdaderamente sórdido es que la clase política española haya mantenido durante décadas un discurso de falsa tranquilidad que ha desincentivado el ahorro privado de millones de ciudadanos. ¿Cuántos jóvenes de hace diez o veinte años habrían tomado decisiones financieras distintas si sus gobernantes les hubiesen hablado con la misma franqueza con la que ahora hablan Pimentel y Gómez desde la comodidad de su retiro político? Para muchos de ellos, lamentablemente, la advertencia llega demasiado tarde. Por ello, los jóvenes de hoy deberían tomar nota de lo sucedido: no escuchéis los cantos de sirena de los mentirosos políticos actuales; sólo cuando se jubilen, si es que para entonces les queda algo de conciencia, os dirán la verdad.
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