La diferencia entre la amnistía y la reducción de penas a los terroristas existe: el beneficio a los etarras es un efecto colateral de una medida justa y nada hubo de justo en los pactos del Gobierno con los sediciosos
Actualizado Jueves, 10 octubre 2024 – 00:01
El sentido de la directiva europea que afectará ahora, por decisión del Gobierno, a algunos terroristas presos es que lo que se haya juzgado en Francia -digamos- rija en España. Es decir que, elevándonos, Europa sea un territorio moral común. La aplicación de esta voluntad es problemática, porque las zonas de ambigüedad existen y se sustentan, a veces, en emociones locales difíciles de manejar globalmente. Pero la competencia de los juristas es justamente la de articular -ese es el verbo- la voluntad del legislador. Y no desarticularla, como oscuros y presuntos juristas han hecho en la desdichada Ley de Amnistía. Casi todo lo que este Gobierno toca lo convierte en ilegítimo y no escapa a la evidencia estos presos por presupuestos, por decirlo en ripio. Es evidente que Bildu ha buscado el beneficio de los asesinos y al Gobierno, como ya ha demostrado repetidamente, no le importa traficar con delincuentes para seguir siendo Gobierno. Sin embargo, la diferencia entre el indulto y la amnistía a los sediciosos y la reducción efectiva de las penas a los terroristas existe y debe anotarse: el beneficio a los terroristas es un efecto duro y colateral de una iniciativa justa y nada hubo de justo en los pactos del Gobierno con los sediciosos nacionalistas.
La comparación entre los dos asuntos es pedagógica en otro sentido. De las amarguras del Proceso formó parte principal la actitud renuente de varios tribunales europeos. Carles Puigdemont es un prófugo de la Justicia española, pero por desgracia, por intolerable desgracia, no lo es de la Justicia europea. La actitud de los jueces belgas respecto a las demandas de los jueces españoles tiene una oscura tradición, infectada de terroristas vascos que encontraron allí refugio, y se ha prolongado hasta el punto de permitir que el prófugo organizara en Waterloo un estado mayor -si bien que ridículo- dedicado a la denigración continua de la democracia española. Pero las euroórdenes del juez Pablo Llarena no solo fueron infructuosas en Bélgica: Alemania, Escocia e Italia también se negaron a entregar a Puigdemont. Y pusieron en evidencia que lo que se juzgó en España no regía en sus territorios. Cabe decir, sin embargo, que esos jueces europeos acabaron encontrando un aliado de importancia: el propio Gobierno de España, que refrendó -con disposiciones legales y declaraciones- su punto de vista, en contra de los propios jueces españoles.
El mayor peligro de este Gobierno cínico e inmoral es el contagio. Y este principal y temible de usar la Justicia como coreografía de la política.