El coste político de la amnistía lo asumirán el Gobierno y los partidos que le prestan su apoyo. Pero el coste económico lo asumirán todos los españ
Actualizado Jueves, 4 julio 2024 – 00:22
Cada catalán tiene una deuda de 11.000 euros, la más alta de España, según explicaba ayer en el periódico Daniel Viaña. Sería del máximo interés saber cuánto de ese dinero corresponde a los gastos reales del Proceso (el máximo nivel de la deuda catalana coincidió con sus años pletóricos, compartiendo gasto con la crisis financiera y el impacto del Covid), tanto los que pudieron ser detectados como los que no. Porque esa dilapidación es parte de lo que abarca la infame amnistía decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El borrado de los crímenes nacionalistas se identifica someramente con la liquidación de las responsabilidades judiciales, pero mucho menos con las económicas. Habría que saber si incluso aquellos que justifican la amnistía por razones políticas o convivenciales mantienen su buen corazón ante la evidencia de que la amnistía va a costarles un dinero. O por decirlo de otra manera: que las víctimas del robo van a pagar el mismo dinero que pagarán los ladrones.
La corrompida discusión sobre si la amnistía supuso un beneficio personal para los autores del Proceso se vuelve ofensiva cuando se repara en el detalle de la deuda. El coste político de borrar los crímenes lo asumirán el Gobierno y los partidos que le prestan su apoyo. Pero el coste económico lo asumirán todos los españoles, incluidos aquellos que desde Cataluña o fuera de ella se opusieron al Proceso con las fuerzas de que disponían. Debe de ser el primer caso en la Historia en que el vencido exija reparaciones a los vencedores. Aún más hiriente resulta la participación de los españoles no catalanes en la financiación del robo. Porque su responsabilidad en el Proceso, sin dejar de ser visible por su dejación y su indiferencia, es mucho menor que la de los catalanes, responsables directos de haber entregado el poder al nacionalismo.
Se aprecia bien, más allá del rabuleo, la inutilidad moral y política de distinguir entre el beneficio personal y el del partido a la hora de malversar. Siempre -siempre- hay un beneficio personal en el robo, se destine a la compra de unas botellas de Charme, de Niepoort, o a los pobres sedientos de Oxfam. El concreto beneficio personal del golpista se ve muy bien a la inversa, cuando le salen mal las cosas y solo le esperan el descrédito, la cárcel o el amargo pelotón. Salvo, naturalmente, si es un golpista catalán, que siempre lo tiene todo pagado.