Actualizado Sábado, 11 noviembre 2023 – 22:4
El presidente del Gobierno de una nación democrática ha negociado su continuidad en el poder con un criminal y le ha ofrecido a cambio el borrado de sus crímenes
(McGuffin) El cochambroso documento que el Partido Socialista ha firmado con Junts -cochambre gramatical para empezar: piénsese que entre los primeros palotes está el de «resolver el conflicto histórico sobre el futuro»– incluye al final de su punto 2 esta frase: «Estos acuerdos [a los que el Psoe y Junts puedan llegar en sus negociaciones] deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament [sic] de Catalunya [sic]». Esta frase representa más que cualquier otra del documento la escombrera del entreguismo socialista al partido del prófugo. No es especulación ni expectativa ni wishful thinking de alguna de sus partes. Es un acuerdo. Un rápido repaso a las demandas mayoritarias del parlamento catalán incluye el derecho a la autodeterminación o las leyes de desconexión del 2017, que Junts considera no solo legítimas sino en stand-by. Si por ese parlamento regional fuera, Cataluña sería una nación independiente desde hace mucho, como España no estaría en la Otan si por el animoso pueblo malagueño de Humilladero fuera.
Evidentemente, nadie ha prestado las más mínima atención a ese párrafo, en primer lugar porque casi nadie ha leído el documento, pero sobre todo porque casi nada de lo que allí se dice tiene ninguna importancia efectiva y, por supuesto, tampoco ese párrafo. Si las palabras tuvieran algún valor para el Partido Socialista, si toda la actividad cerebral de este ectoplasma político no fuera la que quedó explícita en el quiasmo fundacional del zapatismo: «Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras», ese párrafo jamás podría haberse escrito. Ni ese párrafo ni apenas ningún otro. Así, por ejemplo, el relato firmado a dos manos del desarrollo del Proceso. Hasta al decreto de Nueva Planta se remite, y el pobre Santos Cerdán buscando en la Gran Enciclopedia Botánica qué coño de planta. Por supuesto que la verdad es la primera víctima de este relato. Pero inmediatamente despunta otra víctima, el propio Partido Socialista, que no solo apoyó la aplicación del artículo 155, sino que por boca de su líder, hoy presidente, calificó de rebelión los hechos de aquel octubre aciago. Si las palabras contaran, el Partido Socialista debería haber hecho antes de firmarlas una profunda meditación autocrítica. ¡Pero quia de quias! «¿En qué cabeza puede caber que al presidente del Gobierno y al ectoplasma todo les importe una micra ese relato?» «¡Han comprado el relato independentista!», se oye exclamar, desgarradas, a personas de buena fe, por lo general ya maduras. Hombre, hombre. Un relato y hasta un asno catalán para que lo declame, comprarían.
Las palabras cumplen en este documento una mera función encubridora. Da lo mismo que estuvieran escritas al revés, o en alemán, para decirlo a la manera de Groucho. Ahí está brillando, por ejemplo, con todas sus lucecitas ambarinas la palabra lawfare, nueva baratija de la temporada, a la que acuden todas las moscas que no pueden equivocarse, incluidos Jueces por la Democracia, que se permite torear de salón con ella. El documento tiene 1.543 palabras, puramente encubridoras en su inmensa mayoría. Las siguientes 54 son las únicas que concretan y que por tanto cuentan: «Esta ley [de Amnistía] debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos [entre el fango gramatical siempre se deslizan perlas como esta distinción] que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos (…) [Acuerdan] La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts». Cuando se preguntan a qué ha renunciado Junts a cambio de la amnistía esta es la única respuesta posible: a votar en contra de la investidura de Sánchez. Todo lo demás es retórica, plenamente unilateral, de los que no deberían levantar la mirada del suelo, si tuvieran un átomo de vergüenza.
Ni en la negociación ha habido más asunto que el de la amnistía ni en el documento lo hay. El reconocimiento nacional de Cataluña, dicen. Qué le importará a Sánchez que se reconozca a Cataluña o al País Vasco, luego a Galicia, luego a Andalucía, luego a Valencia, y finalmente a Madrid su estatuto de naciones de nación. ¡Concepto discutido y discutible! El Estatuto que aprobó el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, un texto lleno de párrafos cómicos, en cuya redacción participó celebradamente aquel Puck del maragallismo que fue Xavier Rubert de Ventós, y que Alfonso Guerra se jactó de haber cepillado antes de la cepillada final del Tribunal Constitucional, tenía en su artículo primero esta pasmosa definición: «Cataluña es una nación». Como escribió un lúcido comentarista de nuestra época «ninguna nación verdadera expondría su ser mitológico a la sanción del articulado -tan inevitablemente prosaica-». Pero insisto: qué le importará a Sánchez ese reconocimiento y aun elevarlo, si puede, a algún articulado que en el futuro maneje. Como ninguna importancia tiene haber aceptado la exigencia del Verificador. Y lo que supone de humillación y farsa. Por Sánchez, como si llaman al mismo Groucho y solo sabe alemán. El Verificador ofendería a un hombre y a un patriota; pero Sánchez solo es un fortuito español de su tiempo.
La amnistía. Ahí siguen, mientras escribo, dándole vueltas al texto los juristas empeñados. No acaba de salir. De hecho, el Psoe y Junts han acordado su pacto sin que el texto esté definitivamente listo, y de ahí las concreciones precautorias e irrevocables que el párrafo del documento correspondiente a la amnistía incluye. El texto es jurídicamente difícil. La especie de que Conde-Pumpido resolverá, propia de la degenerada e insultante conversación política española, es manifiestamente insuficiente para cualquier CI medio. Las dificultades empiezan por la exposición de motivos, que les lleva lógicamente de cabeza. La amnistía de 1977 no llevaba incorporado el artefacto, porque la exposición de motivos era la propia sociedad española. Ahora, y no habiendo otro motivo que la continuidad en el poder de su impulsor, los juristas deberán echar mano de una intensa creatividad. En especial, y por señalado ejemplo, cuando razonen sobre la necesidad de la amnistía para unos criminales que ya fueron indultados y cuando ningún cambio en el marco político y jurídico del tipo Dictadura/Democracia puede sostener su necesidad. No parece fácil, además, que el Tribunal Supremo, con Manuel Marchena a la cabeza, decida a la vista de la ley el sobreseimiento libre en el caso de los no juzgados (Puigdemont, el primero y principal, naturalmente) y lo que se llama el archivo de la ejecutoria para aquellos ya juzgados (Junqueras, el primero y principal). Todo indica que el Supremo planteará una cuestión de inconstitucionalidad y quizá otra prejudicial ante el tribunal europeo. Y habrá que ver en qué medida esas cuestiones provocan suspensiones cautelares de la ley y de sus lisérgicos efectos.
Pero hasta el propio debate jurídico en torno de la ley resulta ser un mcGuffin respecto de lo sustancial. El presidente del Gobierno de una nación democrática ha negociado su continuidad en el poder con un criminal (este calificativo es mi aportación particular a la jurisprudencia del fumus boni iuris: olorcillo de buen derecho) y le ha ofrecido a cambio el borrado de sus crímenes. Este es el único, ignominioso y consumado lawfare que la conversación pública debería tener en cuenta: el que ha cometido el presidente del Gobierno contra el grupo -bien que menguante- de ciudadanos españoles.
(Ganado el 11 de noviembre, a las 15:21, sabiendo que las palabras quizá no cuenten, pero sí los hechos, y así leyendo el comunicado de Historiadors de Catalunya sobre los falseamientos del cochambroso acuerdo y recitando que la guerra de Sucesión española fue un conflicto civil y dinástico, que los decretos de Nueva Planta no abolieron el uso de la lengua catalana, pero sí leyes feudales, oligárquicas y racistas y que la administración borbónica y su nueva legislación establecieron las bases para el crecimiento económico y demográfico en Cataluña tras dos siglos de decadencia: así son y serán las cosas, oh Santos Cerdán León, capataz incapaz y firmante.