Actualizado Jueves, 13 abril 2023 – 22:40
Hay que expropiar a los expropiadores. Sobre todo, del cargo
El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que expropiará todas las fincas de su región que no cumplan una «función social». Y decían que es el menos sectario de los barones socialistas. ¡Cómo serán los demás! Porque lo que los socialistas de toda laya y los corporativistas fascistoides de todo pelaje llaman «función social» es el «exprópiese» a capricho del dictador, popularizado por Hugo Chávez un día en el que recorría el centro de Caracas junto a su alcalde, el hermano de Delcy Maletas. Pero dejemos de lado la grosera puesta en escena y vayamos al fondo ideológico del asunto. Porque hay mucha gente que, en principio, no se opone a esa formulación.
La buena marcha de la economía, en el campo o la ciudad, siempre es la misma: el respeto a la propiedad y la seguridad jurídica que protege a personas y bienes de los intereses, manías y ocurrencias del poder político. ¿Quién comprará una finca en La Mancha, para explotarla, construir o tocar el caramillo, si Page u otro tiranuelo se la puede quitar cuando le apetezca?
¿Qué significa «función social»? Por experiencia, sabemos que acaba siendo lo que le convenga al político. Un año será algún cultivo intensivo; otro, algo que necesite más mano de obra; otro, que siembre hectáreas de placas solares; otro, que ponga molinejos eólicos para afrentar a los molinos de Don Quijote; y así sucesivamente. Desde que, en nombre del cambio climático, Madrid y Bruselas se han cargado los informes de protección del medio ambiente, esto es el puerto de arrebatacapas, la corrupción total.
La verdadera función social de la propiedad es que exista y que las leyes la blinden frente a la arbitrariedad. Muchos países tienen un clima excelente, un suelo rico y yacimientos de todo. Pero sin seguridad jurídica, son páramos yermos. Nada atrae la riqueza como estar seguro de que si compras algo no te lo quitará ningún García-Page, López-Pijo o Pérez-Paja. De ahí que lo que más conviene ahora a Castilla-La Mancha, lo único que en verdad asegurará la eficaz «función social» de fincas, fábricas, pisos o cualquier otra inversión, es echar del poder a estos sacamantecas. Hay que expropiar a los expropiadores. Sobre todo, del cargo. Sería el mejor negocio.