Actualizado Lunes, 19 diciembre 2022 – 22:4
El socialismo necesita un Tribunal Constitucional que sea capaz de transigir
El canceroso debate entre democracia y ley lo introdujeron los socialistas en España en el año 2010, cuando don José Montilla, entonces presidente de la Generalidad, rechazó la sentencia del Constitucional sobre el asunto. «No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación», dijo, declarando abierto el Proceso. Su solemne declaración es la peor requisitoria que una autoridad del Estado haya pronunciado jamás sobre el Tribunal Constitucional y deja en muy rudimentarias todas las altisonancias de ez. Estas frases, que parecen más bien de Moriles, y que dios me perdone: «Un Tribunal Constitucional que, como hemos dicho de forma reiterada, está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado para dictar esta sentencia». «El Tribunal Constitucional ha cometido una gran irresponsabilidad. No ha hecho honor a su alta misión y ha escrito una de las más tristes páginas de su historia política y jurídica». «El Tribunal ha estado más obsesionado en dictar sentencia que en hacer justicia y velar por el cumplimiento del pacto constitucional».
Recordar esto tiene sentido, en primer lugar, para no olvidar en ninguna circunstancia lo que son los socialistas. Y lo que han sido, específicamente, en relación al Proceso. Pero también porque en la crisis de esos días hay lo mismo que hubo ayer: el socialismo necesita un Tribunal Constitucional que sea capaz de transigir, al menos, con la redacción de aquel Estatuto que rechazó. Entre democracia y ley siempre hay el mismo problema. Los demócratas cursivos saben, en realidad, que la democracia no les da para sus planes. Lo que aquel Constitucional dijo sobre el Estatuto, por ejemplo, es que para que Cataluña tenga un sistema de Justicia propio hay que reformar la Constitución. Puede hacerse, pero no hay mayoría parlamentaria. De modo que la solución socialista es olvidarse de la democracia y cambiar el intérprete de la ley. Están en ello y para ello. A los sediciosos de 2017, que se llenaban la boca de democracia, tampoco les daba. Como era improbable que consiguieran de los españoles la cesión de sus derechos políticos, decidieron arrebatárselos y organizaron un entramado de leyes que les sirviera de pantalla. Un comportamiento del todo coherente, porque lo primero que hace el golpista después de romper la ley son leyes.
El obstáculo de los planes políticos del presidente del Gobierno no son las leyes, ni el retórico debate creado en torno de ellas. Lo que no tiene el presidente es la mayoría que necesita la ya veterana indecencia socialista.