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(Amnistía) Oí decir a ez que hay una gran diferencia entre lo que exige Esquerra Republicana y lo que va a hacer el Gobierno: «Esquerra quiere la amnistía». Y una amnistía apenas encubierta es la reforma del delito de sedición. El Gobierno sacó de la cárcel a los delincuentes y ahora ha sacado del Código el delito que cometieron. Lo que hicieron y por lo que fueron juzgados y sentenciados, o sea su tumultuario alzamiento sin armas contra el orden constitucional, se ha convertido en un delito contra el orden público.
La decisión contraviene radicalmente la letra y el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo que puso el mismo empeño en demostrar que los sediciosos nacionalistas no podían ser juzgados por rebelión como de precisar que sus actividades no podían reducirse a un delito contra el orden público. Este párrafo final del punto 4 del llamado juicio de tipicidad, donde se razona por qué los hechos constituyen un delito de sedición: «Los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de fuerza suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así abortar el cumplimiento de las órdenes de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional. Y todo ello con una trascendencia que rebasaba con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional».
Llamar «desórdenes públicos» a la larga y devastadora conspiración urdida contra la democracia por los nacionalistas catalanes es algo que solo se le puede ocurrir a un belga visto por un francés. O a un Gobierno que ha renunciado a cualquier relación con la verdad y que tarde o temprano debería pagar por ello en las urnas y en los tribunales. La perversión de los hechos del pasado no es, sin embargo, lo más grave de la reforma. Lo son los hechos del futuro. El Proceso confirmó una de las vulnerabilidades del Estado español, siempre sujeto a desmoralizadoras tensiones territoriales. La posibilidad de que esas tensiones generen un alzamiento armado o una acción terrorista continuada son escasas. Pero el Proceso y el mantenimiento de la reivindicación autodeterminista de los nacionalismos catalán y vasco habrían obligado a extremar la prudencia en todo lo que pueda suponer un aumento de la vulnerabilidad de ese Estado. Después del Proceso cualquier cabeza puesta en su sitio habría concluido que convenía, en efecto, la reforma del delito de sedición. Para reforzarlo.
Atribuir la reforma planeada a las urgencias parlamentarias del Gobierno solo es parcialmente verdadero. Este Gobierno y su mayoría política tienen, de modo confuso, pero detectable, un proyecto que va más allá de la legislatura y sus afanes inmediatos. Su convencimiento de que hay en España una mayoría capaz de integrar, digamos, la autodeterminación de género y la autodeterminación nacionalista es sólido. Este Gobierno se ve capaz de alumbrar una España que haya resuelto su pleito territorial. La ridícula teoría de que ha pacificado Cataluña, cuando de esa pacificación solo fueron responsables la Policía y la Ley, es un primer eslabón. Al que seguirá, si la mayoría revalida su hegemonía, lo que van a llamar, aprox, Una Euskadi reconciliada.
Los alumbramientos de esa ambiciosa naturaleza suelen exigir padre y madre. Una voluntad binaria. Bastante más del divisivo 51%. Pero todo el mundo sabe lo que piensa el Gobierno ez del género binario.
(Moción)Es lamentable que Feijóo no anunciara el viernes la presentación de una moción de censura. Ya le tenía escrito el arranque y, como de costumbre, sin ánimo de lucro: «Señor presidente, yo voy a perder la votación de esta moción de censura, pero usted va a perder todo lo demás». Torciendo un poco a Hume, pero no mucho: los hechos extraordinarios requieren soluciones extraordinarias. Aunque la creatividad del presidente del Gobierno está probada, es difícil imaginar que hasta el final de la legislatura sea capaz de llevar a cabo un acto equiparable al de la reforma del delito de sedición. Más que por falta de voluntad, por falta de tiempo.
Sin embargo, el líder de la oposición ha reaccionado a su modo ordinario. Es verdad que serio y hecho todo un hombrecito leyó un comunicado de rechazo a los planes de ez. Pero en ese comunicado solo hay su compromiso de revertir la reforma y una solemnidad reducida a la pompa. Horas antes Inés Arrimadas le había dado una instrucción razonable: «Presente una moción de censura». La iniciativa de la líder de Ciudadanos fue doblemente acertada. En primer lugar porque ella misma parece haber aprendido, luego de su inhibición de investidura, lo que es una solución extraordinaria. Pero, sobre todo, porque la moción de censura le viene a Feijóo como anillo al dedo, estratégica y técnicamente. Se entenderá lo que quiere decir técnicamente si se piensa que la señora Cuca es la que dará la réplica del Partido Popular en el debate sobre la reforma del delito.
El expresidente gallego tiene un serio y conocido problema para ejercer la oposición. Su ausencia del Congreso le obliga a la inflación y devaluación consiguiente de sus movimientos, y sus esporádicas apariciones en el Senado no pueden contrarrestarla con eficacia. Una moción de censura es el escenario idóneo para apuntalar su réplica global al Gobierno. Le asegura el control de los asuntos y el tiempo. El reloj y la agenda. Y el foco, obviamente. Todo lo que no tiene. Una moción de censura da para mil filminas a proyectar machaconamente en la larga campaña electoral del año próximo. Y el momento de su anuncio es este, porque una moción de censura necesita un motivo rotundo. A diferencia del que llevó a ez al Gobierno, el de la sedición es, además, un motivo verdadero.
La renuncia de Feijóo a una solución extraordinaria tiene un peligroso efecto colateral añadido: da motivos para que se perciba fragilidad en su liderazgo y para que el argumento que desovan los socialistas, una supuesta falta de conocimiento de los asuntos, se fortalezca. De aquí a las elecciones generales no habrá la posibilidad de un debate más profundo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición que el que puede ofrecer una moción de censura. Es inaudito que Feijóo renuncie a él. Aunque comprendo que haya una razón de peso. La posibilidad de perder los números y todo lo demás.
(Lagrimeos) El diario El País ha prestado dos grandes servicios a la razón y a la democracia. Uno el 23 de febrero de 1981, con Juan Luis Cebrián de director. Otro, aquel octubre de 2017, con Antonio Caño. Ahora Caño ha escrito sus memorias, Digan la verdad (La Esfera de los Libros). Entre lo que cuenta están los lagrimones que el 1 de octubre les caían a algunos miembros de la redacción del periódico en Barcelona: sollozaban por lo que la Policía les estaba haciendo a aquellas viejecitas con tanta barra. Deduzco leyéndole que Caño se sorprendió mucho al verlos. No hay de qué. Yo los conocí bien. Hace 30 años ya perdían el culo para que no los tildasen de traidores a la patria. A la dolorosa pérdida han añadido ahora la del pudor.