Francisco Javier Galván está en paro y desde 2020 ha dejado de ingresar por estas viviendas más de 20.000 euros
Francisco Javier Galván Pérez, junto a la finca en la que vive y tiene los dos pisos de alquiler. ANTONIO VÁZQUEZ
22/10/2022 a las 09:28h.
Francisco Javier Galván Pérez es propietario, junto a su hermano, de una finca en la calle Teniente Ándujar, en el barrio de Santa María de Cádiz. El inmueble consta de seis viviendas, de las cuales tres son de su propiedad. Vive en una de ellas y las otras dos decidió ofrecerlas al Ayuntamiento de Cádiz para alquiler social con el objetivo de ayudar a familias vulnerables de la ciudad dentro del denominado Programa de Alquiler Justo.
Javier, como le gusta que le llamen, no puede estar más arrepentido de su decisión ya que lleva dos años sin cobrar el alquiler de ambos pisos, por los que el Ayuntamiento gaditano y las inquilinas le deben más de 20.000 euros.
Este gaditano tenía un bazar en la calle Sacramento, junto al hospital de San Rafael, aunque fue uno de los muchos afectados de los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus y se vió obligado a cerrar las puertas de su negocio.
Ahora, está liquidando los productos de su tienda en un mercadillo de Chiclana para intentar obtener ingresos para su familia ya que, de los alquileres de sus dos viviendas, no recibe ni un solo euro desde finales de 2020.
Javier cuenta que una de las inquilinas lleva desde 2018 en una de sus viviendas. El Ayuntamiento le pagaba 450 euros y ella los 50 restantes hasta completar el precio de alquiler de la vivienda, estipulado en 500 euros. Durante dos años los pagos se hicieron sin ningún tipo de problema por ambas partes pero en noviembre de 2020 comenzaron los problemas.
La otra inquilina era usuaria de la asociación Mariana Pineda, que preside la madre de Javier. Al quedarse sin vivienda, Javier se reunió con la delegación de Asuntos Sociales para ofrecerle esta vivienda, por la que el Ayuntamiento se comprometía a pagar su parte y el resto la inquilina.
Entró a principios de 2020 y pagó la fianza y el mes corriente gracias a la aportación realizada por el promotor Agustín Rubiales. Pero, según comenta el propietario, «cambió el número de cuenta, se puso el suyo y la ayuda del Ayuntamiento iba directamente a ella, no a mí. Llegó incluso a falsificar los recibos y desde entonces no cobro».
Javier decidió denunciar ante la justicia a ambas inquilinas por estos impagos pero los desahucios no se llegan a producir al ser familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
«No los puedo echar de la casa porque el Gobierno no me lo permite y al final el afectado soy yo porque he dejado de cobrar en todo este tiempo más de 20.000 euros. Soy desempleado y necesito el dinero. Era mi única fuente de ingresos en estos momentos».
Ayudas de compensación del Gobierno
Javier acude cada mes a los plenos del Ayuntamiento de Cádiz, donde pide el turno de palabra ciudadana para expresar ante toda la Corporación municipal su «desesperada» situación. Aunque está recibiendo la ayuda de concejales de la oposición como Natalia Álvarez (PSOE) o Juancho Ortiz (PP), asegura que «desde el equipo de Gobierno no me hacen ni caso, me dan largas pero pasa el tiempo y yo sigo sin cobrar».
Ha mantenido varias reuniones tanto en Asuntos Sociales como en Procasa aunque «no me dan ninguna una solución».
Desde la oposición, la edil socialista Natalia Álvarez les ha informado sobre las ayudas de compensación que ofrece el Gobierno de la nación para propietarios que se encuentran en esta situación.
Estas ayudas están integradas en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, «por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores».
Así, estas ayudas del Gobierno central, son canalizadas por la Junta de Andalucía y se le otorgaría al propietario afectado el cien por cien del alquiler. Desde el Gobierno andaluz, con la mediación de Juancho Ortiz, ya están estudiando el caso de Javier para que pueda ser beneficiario de estas ayudas.
Amparo al Defensor del Pueblo
Javier se encuentra en una situación de absoluta de indefensión y, apoyado por su familia, también ha decidido pedir amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.
Ya no sabe qué hacer ni dónde acudir para intentar regularizar esta situación porque, además, asegura que convive con sus propias inquilinas en la misma finca y «la convivencia es muy difícil. Los ruidos son constantes porque cada una de ellas tienen perros y hay noches que no nos dejan ni dormir».
«Es injusto, al final no se puede ser ni bueno»
El caso de Francisco Javier Galván no es aislado. El programa municipal de Alquiler Justo puesto en marcha por parte del equipo de Gobierno que dirige José María González Santos ‘Kichi’ ha resultado ser un auténtico «fiasco» para algunos de los propietarios que han ofrecido sus viviendas para las personas que más lo necesitan.
Javier lamenta, al igual que hizo hace unas semanas otro propietario, que «al final no se puede ser ni bueno porque mira lo que me está pasando. Es injusto».
Asegura que «crees que estás haciendo una buena acción social y ahora se me ha creado un problema que va creciendo a medida que pasan los días porque va aumentando la deuda, que ya supera los 20.000 euros».
En el caso del propietario de un bajo situado en la calle Navas, José Fernández, ha sido similar porque ha dejado de cobrar por culpa de los impagos tanto del Ayuntamiento de Cádiz como de la inquilina más de 13.000 euros.
Fernández, aunque consiguió que se materializara el desahucio, se ha encontrado con una vivienda completamente destrozada y sin muebles, por lo que ha decidido ponerla a la venta ya que -con la experiencia vivida- se le han quitado las ganas de volver a alquilarla.