Ni en cantidades malversadas, ni en altos cargos implicados, ni en la duración del fraude ha habido en España un caso de corrupción mayor que el de los ERE de Andalucía, una maquinaria de precisión para la práctica del clientelismo socialista durante casi cuatro décadas. Cuando ABC destapó el escándalo, que tiene su origen en una grabación tomada al gerente de Mercasevilla, nadie daba crédito a aquellas informaciones. Tampoco los que ahora tratan infructuosamente de atribuirse la exclusiva. Este periódico estuvo varios meses a solas, bajo presiones inenarrables, publicando noticias acerca de aquella cinta, que transcribió de forma íntegra antes incluso que la Fiscalía, que se pasó varias semanas viéndolas venir. Y en una de esas primicias tiró del hilo
que desmadejó el caso. En un momento de la conversación, el director del mercado decía esto: «Cuando a mí me consiguen una subvención del tipo ERE, yo, por razones obvias, al conseguidor tengo que pagarle una comisión». La investigación periodística condujo desde esta confesión a las actas de las prejubilaciones de Mercasevilla pagadas por la Junta. Y ahí apareció el primer intruso, Antonio Garrido Santoyo, un socialista de Jaén que no había pisado la lonja en su vida. Aquella noticia desencadenó lo que hoy ya sabemos, el descubrimiento de un fraude sin precedentes por el que ya han sido condenados dos expresidentes de la Junta y seis exconsejeros, uno de los cuales ha escuchado esta semana la primera pena de prisión.
A estas alturas de la historia, lo más triste no es que se usaron casi mil millones de euros de forma arbitraria para beneficiar a empresas afines y dar pensiones vitalicias a militantes del partido, ni que publicar aquello supusiera un calvario en un territorio en el que el PSOE gobernaba con desmanes feudales. Lo peor es que se ha evidenciado el profundo nivel de putrefacción de una sociedad que estuvo varias décadas secuestrada por el clientelismo. Andalucía ha sido maltratada por la cultura socialista, que creó un sistema perverso de destrucción de riqueza a cambio del poder. Suena surrealista, pero es tan real que abochorna: el PSOE montó un mecanismo para cerrar empresas en la comunidad más desindustrializada de España, la que tiene más paro, con el fin de comprar la paz social. Desvió cientos de millones de euros a un ‘fondo de reptiles’ ajeno al control de la oposición para repartirlos a capricho. Y el director general que se encargaba de la rifa, el ya fallecido Javier Guerrero, puso su despacho en un bar de copas, literalmente, para distribuir la pasta siguiendo las instrucciones de cada cacique provincial. Cuando una empresa caía, el mandamás de la zona daba orden de rescatar a los trabajadores. Sin concurso, sin publicidad y sin recato. Todas las corrupciones en un solo paquete. Así se traficaba con los votos de los obreros y las voluntades de los empresarios, tan responsables como los políticos de esta cima del subdesarrollo que al menos ha servido para demostrar la importancia del periodismo. Aunque como periodista andaluz estoy desolado.