Violencia institucional. Por Ignacio Moreno Bustamante. La Voz de Cádiz.

El problema no es que haya cincuenta radicales en una manifestación, sino que se les defienda y aliente desde las instituciones en las que gobiernan políticos cuyo único fin es acabar con esas mismas instituciones y con nuestra convivencia

Sirvan estas líneas de homenaje, de humilde reconocimiento, a todos y cada uno de los participantes en los operativos de seguridad desplegados durante las dos semanas de huelga del Metal y en las posteriores detenciones de los violentos que participaron en ellas. Sirvan estas líneas como muestra de gratitud hacia todos ellos por velar por la defensa del Estado de Derecho. Desde el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, al comisario provincial Antonio Ramírez; el comisario jefe provincial de Operaciones, José Manuel Menacho y hasta el último agente de los grupos especiales participantes. Sirvan estas líneas, del mismo modo, como denuncia, como muestra de desprecio absoluto hacia quienes ejercen la violencia. Y muy especialmente hacia quienes la justifican.

Grupos violentos hay

 en todos lados. En todas las ideologías. Los ha habido en todas las épocas. O grupúsculos. Y el perfil es más o menos similar. Varón, joven o mediana edad, sin apenas formación, fuertemente ideologizado, con problemas de integración social, antecedentes delictivos… En España, el fútbol los ha padecido durante décadas. Ahora los estadios están muy controlados, pero hubo una época en que asistir a según qué partido era poco menos que una actividad de alto riesgo. Y hacerlo con niños una quimera. La totalidad de los grupos ultras de los equipos estaban marcados por una ideología. Bien de derechas, bien de izquierdas, pero siempre radical. De hecho siguen estándolo, aunque esa radicalidad afortunadamente ha bajado muchos enteros, entre otras cosas por el buen hacer de la Policía y de los propios clubes durante años. Quizá por eso se explique que ese radicalismo se haya canalizado directamente hacia la política, sin necesidad de que haya un balón de por medio.

Y en este caso concreto, hacia la lucha sindical, fuertemente politizada. La historia la conoce usted bien. Negociación de un convenio que afecta a veinte mil trabajadores. Dos mil de ellos van a la huelga, fundamentalmente los de las grandes empresas tractoras. Apenas 200 ejercen de piquetes. Y de ellos, digamos que medio centenar lo hacen de forma muy violenta. Dado el panorama que reina actualmente en nuestro país, se podría decir que son hasta pocos. Una inmensa minoría. Pero lógicamente son los que hacen más ruido. Hasta aquí, dentro de que hablamos de hechos lamentables, podríamos calificar la situación de normal. Lo extraño, lo que a mí personalmente no me entra en la cabeza por más que trato de analizarlo, es la inmensa cantidad de personas que justifican a esta minoría violenta. Que haya imágenes evidentes de gravísima delicuencia callejera, agresiones e insultos a policías y todo se dé por bueno. Que se evoque la lucha obrera de los años 80 para blanquear la delincuencia barata que hemos vivido en 2021. Que la Policía identifique a siete, sólo a siete, de estos delincuentes con antecedentes penales y que se les siga defendiendo públicamente desde algunas instituciones. Sin duda es una anormalidad democrática. Ese es el problema de fondo. No que haya cincuenta radicales, sino que se les aliente, cuando a los únicos a los que hay que alentar es a los agentes de la policía que han hecho una excelente, impresionante labor. Y que encima tienen que aguantar todo tipo de humillaciones por parte de miles de personas anónimas y de algunos cargos públicos. Cargos puestos ahí gracias a los votos de esas miles de personas para las que la violencia, por lo visto, es un medio legítimo para alcanzar su fin. Representantes de las instituciones cuyo objetivo no es otro que acabar con esas mismas instituciones y con nuestra convivencia pacífica. Al precio que sea.

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